Ontológicamente la democracia moderna está conectada a la representación, inevitable ante la inviabilidad de un ejercicio colectivo y directo del poder soberano que reside en el pueblo, lo que plantea una suerte de dilema de “delegación” y desafíos políticos-jurídicos en torno a los mecanismos de controlaría, accountability y/o rendición de cuentas que están llamados a compensar la distancia teórica y práctica respecto a la voluntad común a la que se referiría Immanuel Kant, encarnada en la figura de gobernantes y gobernados; resulta interesante el dilema que se genera en torno a la necesidad de los gobernantes de actuar de acuerdo al interés de los representados, pero preservando una actuación autónoma e independiente.
El debate y la deliberación, siguiendo la visión constitucional francesa juega allí un rol esencial, orientado a limitar además la discrecionalidad del poder político apuntando hacia una fiscalización multidimensional en nuestros días.
Vale la pena añadir que la democracia, en su búsqueda de regularizar y encaminar institucionalmente la incertidumbre y volatilidad propia de la realidad política, acude a mecanismos no sólo procedimentales como elecciones universales, competitivas y periódicas, sino de accountability, siendo este proceso interinstitucional de balances y contrapesos así como los mecanismos sociales de rendición de cuentas expresados en fenómenos como la opinión pública el núcleo democrático de la representación y catalizador del fortalecimiento del Estado de derecho, actuando conforme a los principios de legalidad y responsiveness, teniendo como telón de fondo un espacio público político de debate y deliberación plural, disímil y muchas veces ambiguo, pero necesario para enriquecer la vida democrática.
El actual sistema de representación democrática se enfrenta -a nivel global- a nuevas realidades; los partidos políticos ya no son el elemento “estructurante” del espacio y opinión pública; los “actores” se han ampliado abarcando movimientos informales, organizaciones de la sociedad civil con capacidad de incidencia en la agenda pública, pero sobre todo una esfera pública amplificada por los medios audiovisuales cuyo crecimiento con las nuevas tecnologías ha sido exponencial planteando oportunidades y desafíos a cuestiones esenciales como la legitimidad social fruto de un incesante debate y argumentación política, que abre las puertas a una nueva forma de representación como lo señala Bernard Manin, en contraposición a una visión más mercantil y electoral de autores como Schumpeter.
Un desafío clave es la búsqueda de equilibrio entre el debate y el consenso, siendo el pueblo un contralor existencial de la conducción de los asuntos públicos. En la actualidad esta realidad está marcada por la irrupción de nuevos protagonistas como los expertos en comunicación, encuestadoras y periodistas desplazando el rol preponderante de los partidos o activistas. Pero esta necesidad que podríamos llamar de proyección comunicacional política y electoral se traduce en una personalización desmedida de la opción electoral y la gestación de un voto eminentemente reactivo a las percepciones donde se conjuntan elementos sociales, culturales y económicos y que se presentan en la escena pública a través de estos medios.
De allí esta interesante interpretación de Manin de “democracia de audiencia” aludiendo a una “metáfora del escenario y lo público”; allí podría ser legítimo agregar que en este contexto reactivo, la proactividad se relega ante la expectación, donde la competencia se objetivizaencarnada en líderes personalistas y se aleja de la prosecución de los ideales rectores de la democracia, mercantilizándose el juego democrático en un sistema de oferentes y demandantes, ya sea con preferencias exógenas o no, limitando las posibilidades de una “voluntad auténtica” frente a una “voluntad fabricada”.
El cultivar la ciudadanía y la educación cívica se torna imperativo. Precisamente esta ciudadanía, que puede leerse en clave relacional con las instituciones y autoridades políticas, obliga a la reflexión sobre la delimitación de competencias, deberes y derechos en la esfera pública, pero también bajo una concepción antropológica del individuo basado en la libertad como naturaleza y telos del hombre -en su concepción liberal- donde existe interrelación marcada con el principio de subsidiariedad, en el marco de una fuerte corriente a favor de la autonomía y capacidad de acción individual axiológicamente orientada al bien común.
Tal como establece (Ortega, 2011, p.33) “Las nuevas tecnologías de la comunicación han rediseñado el espacio público y las formas de expresión de la política”; las fronteras del espacio público se están redefiniendo catalizados por los medios de comunicación masivos digitales y electrónicos. La ética se torna existencial ante los incentivos de mal formar la orientación de está ciudadanía de audiencia respondiendo a intereses privados y no al bien común y el buen gobierno.