Por: Lourdes García
En los últimos años, la Unión Europea (UE) ha experimentado importantes cambios demográficos impulsados por el aumento del flujo migratorio en un contexto internacional marcado por diversos conflictos. Tras la pandemia de COVID-19, crecieron tanto las solicitudes de asilo como el stock migratorio, que aumentó en 11 millones de personas (+13%), alcanzando aproximadamente 64 millones de residentes extranjeros para 2025 (BBVA Research, 2026).
Estas transformaciones han tenido efectos sociales y políticos significativos. Aunque la migración ha generado impactos tanto positivos como negativos, durante la última década la UE ha pasado de una visión basada en el optimismo humanitario a una centrada en la seguridad nacional y la gestión de la incertidumbre.
Este cambio responde, en parte, a una modificación de la percepción pública por el uso de discursos hostiles que se refieren a estas personas como “invasores” capaces de alterar el equilibrio de los Estados, problematizando al migrante al diferenciarlos entre “buenos” y “malos” y desde la categorización de la “otredad”. Otros factores ligados son la criminalización del migrante y su asociación al aumento de los delitos, la desilusión económica que enfrentan los nacionales y la culpa al migrante por problemas institucionales y la falta de empleo.
Este escenario ha sido aprovechado por sectores conservadores para impulsar agendas antimigratorias y políticas de tolerancia cero. La presión ejercida por estos discursos ha influido incluso en partidos más liberales, favoreciendo un consenso en torno al endurecimiento de las políticas migratorias. Como resultado, surge la nueva Política de Migración y Asilo de la Unión Europea, conocida como Pacto sobre Migración y Asilo, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre los Estados miembros y gestionar el incremento de la migración irregular.
Contenido de la nueva política
Según la información difundida por el Consejo Europeo, el Pacto constituye una reforma integral que entrará oficialmente en vigor el 12 de junio del presente año. Su propósito es establecer un marco jurídico común para abordar los desafíos migratorios mediante tres pilares principales (Consejo Europeo, 2026).
El primero es la centralización y el fortalecimiento del control fronterizo. Para ello, se sustituyen directivas sujetas a interpretación nacional por reglamentos de aplicación directa y se refuerza el papel de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Además, se introducen controles obligatorios mediante datos biométricos y se aceleran los procedimientos para solicitantes de asilo con bajas probabilidades de aprobación, reduciendo plazos y limitando la libertad de movimiento durante el proceso.
El segundo pilar es el mecanismo de solidaridad obligatoria, diseñado para aliviar la carga de los países de primera entrada. Los Estados miembros podrán optar por reubicar solicitantes de asilo en su territorio, aportar contribuciones financieras o proporcionar apoyo técnico y operativo.
El tercer elemento es la política de retornos y externalización. Esta contempla el traslado de personas cuyas solicitudes hayan sido rechazadas a instalaciones ubicadas en terceros países considerados seguros mediante acuerdos bilaterales. Asimismo, se amplían los períodos de detención migratoria hasta un máximo de dos años en casos considerados de riesgo para la seguridad (European Council, 2026).
Aunque la reforma promueve una mayor centralización, las posiciones de los Estados miembros siguen siendo diversas. Existe una mayoría que respalda o acepta el endurecimiento de los controles migratorios, mientras que otros gobiernos rechazan especialmente los mecanismos de solidaridad obligatoria o cuestionan la legalidad, eficacia e impacto de las medidas sobre la soberanía nacional.
Las principales críticas no se centran necesariamente en la restricción migratoria, ampliamente respaldada debido al elevado flujo migratorio, sino en la pérdida de autonomía nacional y de capacidad para interpretar e implementar las normas. Algunos Estados consideran además que ya han asumido una carga significativa al recibir grandes cantidades de migrantes y refugiados, lo que ha incrementado sus responsabilidades administrativas y financieras. Por ello, solicitan reducciones en sus contribuciones al sistema común.
Debate sobre Derechos Humanos y Seguridad
La implementación del Pacto ha generado un intenso debate entre la protección de la seguridad colectiva y la garantía de los derechos fundamentales. Las críticas se concentran especialmente en las políticas de retorno, la externalización de fronteras, el endurecimiento de la detención migratoria y el uso de tecnologías de vigilancia, medidas que podrían reducir los estándares de protección y fomentar prácticas punitivas hacia una población vulnerable (Boyce, J., 2026).
Una de las principales preocupaciones es la diferenciación en la protección jurídica otorgada a migrantes y refugiados respecto al resto de la población, lo que podría desafiar el principio de universalidad de los Derechos Humanos. Asimismo, se advierte sobre el riesgo de devoluciones y situaciones que vulneren el principio de no devolución reconocido en el Derecho Internacional, exponiendo a las personas afectadas a contextos de peligro.
También se cuestionan posibles afectaciones a la protección infantil y al principio del interés superior del menor. Esto se debe a la posibilidad de detenciones prolongadas de familias con niños y al uso de sistemas biométricos que incluyen la recopilación de datos de menores desde los seis años. De igual forma, existe preocupación por eventuales prácticas discriminatorias y de perfilado racial vinculadas a la identificación biométrica.
Respecto a los vacíos legales, la externalización y los centros de retorno en terceros países podrían generar incertidumbre sobre la legislación aplicable y dificultar los mecanismos de supervisión institucional. Además, la aceleración de los procedimientos fronterizos podría debilitar las garantías procesales, aumentar el riesgo de decisiones erróneas y faltas al debido proceso. A ello se suma el cuestionamiento de acuerdos con países que han sido objeto de denuncias documentadas por violaciones de Derechos Humanos contra migrantes.
La reforma tiene implicaciones profundas en distintos ámbitos. En el plano político, refleja una tendencia hacia una mayor soberanía supranacional marcada por el crecimiento electoral de sectores conservadores de extrema derecha. Paralelamente, la UE ha desarrollado una política exterior basada en una forma de diplomacia migratoria, utilizando la gestión de la migración como herramienta de negociación y presión política. Sin embargo, las diferencias entre Estados miembros también han generado tensiones y fragmentación.
En el ámbito social, la reforma ha contribuido a una percepción más crítica de la UE entre organizaciones internacionales y ONG defensoras de los Derechos Humanos, que consideran algunas de sus medidas deshumanizantes y punitivas. Asimismo, se ha señalado un aumento de percepciones de racismo y xenofobia entre las comunidades migrantes.
Por otro lado, desde una perspectiva económica, genera preocupaciones debido a que la población extranjera desempeña un papel importante para compensar el declive demográfico de la población nativa. Su participación contribuye al dinamismo del mercado laboral, al crecimiento económico, al reemplazo generacional y al sostenimiento de los sistemas de seguridad social en sociedades cada vez más envejecidas, además de fortalecer el capital humano calificado disponible en la región.
A modo de conclusión, la evolución de la política migratoria europea evidencia la complejidad de equilibrar la seguridad a través de la radicalización y la preservación de los derechos fundamentales. Más allá de los desafíos asociados, el futuro de la política dependerá de su capacidad para articular respuestas que concilien esto y pleno respeto al Derecho Internacional y los Derechos Humanos, para una gestión migratoria sostenible y legítima.
BBVA Research (2026). Migration Trends in the EU. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2026/04/Migration_Trends_in_the_EU.pdf. Consultado el: 4 de junio de 2026
Boyce, J. (2026). The EU’s Migration Pact Betrays Its Human Rights Commitments. World Politics Review. https://www.worldpoliticsreview.com/eu-migration-pact-human-rights/?nsl_bypass_cache=de29b4d1964c5d060870c7aff56a59ad. Consultado el: 6 de junio de 2026
Consejo Europeo (2026). Política de Migración y Asilo de la UE. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/. Consultado el: 4 de junio de 2026
European Council (2026). Council and Parliament reach deal on returns of illegally staying third-country nationals. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/01/council-and-parliament-reach-deal-on-returns-of-illegally-staying-third-country-nationals/. Consultado el: 4 de junio de 2026