Dinamarca asume desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025, por octava vez, la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, institución comunitaria que se encarga – en la mayoría de los casos junto con el Parlamento Europeo mediante el procedimiento legislativo ordinario, también conocido como “codecisión- de negociar y adoptar leyes, que permiten coordinar y desarrollar los lineamientos de política interna y externa y de seguridad de los Estados miembros y de la Unión, establecer acuerdos entre la UE y otros países, y adoptar presupuestos anuales en las diversas materias. Es por lo tanto, un organismo distinto al Consejo Europeo que reúne a los Jefes de Estado y/o de Gobierno, para definir y orientar las prioridades y parámetros a seguir de la UE.
Para ejercer sus funciones, el Consejo de la UE, está conformado por diez Consejos y está constituido por 27 ministros uno por cada Estado miembro. A excepción del Consejo de Asuntos Exteriores, presidido por el Alto Representante de la UE para asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien a su vez ejerce la Vicepresidencia de la Comisión Europea -actualmente Kaja Kalla- todos los consejos están presididos por la Presidencia rotatoria, que ejerce cada seis meses un país de la Unión en un orden determinado, que atiende a criterios de equilibrio dentro de la UE.
La rotación comenzó en 1952, cuando la República Federal de Alemania ocupó la presidencia de septiembre a diciembre. La presidencia comenzó a rotar cada seis meses a partir de 1958. Dinamarca ejercerá la Presidencia rotatoria del Consejo en esta ocasión como integrante de un “Tríode Presidencias” junto con Polonia, que acaba su mandato, y Chipre que le seguirá.
Bajo el lema «Una Europa fuerte en un mundo cambiante», la presidencia danesa, que se inauguraba formalmente en Aarhus con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y todo el Colegio de Comisarios, el presidente del Consejo Europeo António Costa, así como todo el gobierno danés, se enfrenta a una serie de desafíos domésticos y geopolíticos que se profundizan; la seguridad comunitaria y el impulso de la industria de defensa europea, reforzar los lazos con la OTAN, el futuro de Ucrania tras tres años de la invasión a gran escala rusa, la migración, la viabilidad y aplicabilidad del Pacto Verde, redefinir y relanzar la competitividad del bloque, reencaminar y revitalizar las relaciones transatlánticas ante un panorama cambiante e incierto especialmente en lo relativo a materia arancelaria, establecer una nueva agenda de cooperación global, acelerar los procesos de ampliación de la UE, por nombrar solo alguno de ellos. Para Copenhague, a estas preocupaciones compartidas se suma la ansiedad por las polémicas declaraciones del presidente Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo con autogobierno dentro del reino de Dinamarca.
Dinamarca ingresó en 1973 en la entonces Comunidad Europea (CE) tras un referéndum en el que el 63,3% de la población votó a favor y el 36,7% en contra. Las islas Feroe, su otro territorio autónomo aparte de Groenlandia, decidió ya en 1973 no entrar. Si bien inicialmente luego del tratado de Maastricht que Dinamarca negoció cuatro cláusulas de exclusión voluntaria (opt-outs) solo siguen vigentes dos, referidas al uso del euro -sigue en circulación la corona danesa como moneda oficial- y la referida a justicia e interior.
Una Europa fuerte, requiere el compromiso del avance del Plan ReArm Europe, y de instrumentos como SAFE que cuenta con 150.000 millones de euros en préstamos para financiar compras conjuntas en defensa de los países de la Unión, destinado a ayudar a los Estados miembros que deseen invertir en la producción industrial de defensa mediante adquisiciones en común, haciendo hincapié en las capacidades prioritarias. El mantenimiento del apoyo financiero a Ucrania, teniendo en cuenta la reconstrucción a largo plazo del país después de la invasión ilegal a gran escala de Rusia seguirá siendo prioridad para Dinamarca, país que ha demostrado ser un ferviente defensor de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, y que ha prometido 8.600 millones de euros en armamento y munición, superando a países más grandes como Francia, Italia, España y Polonia. Pavimentar la vía de acceso de Kiev a los 27 sigue siendo una tarea pendiente.
Precisamente el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, llegó este jueves a Dinamarca, para participar de la inauguración oficial de la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea; allí la jefa de Gobierno de Dinamarca, Mette Frederisken afirmó: “Ucrania debe pertenecer a la UE. Por eso, durante la Presidencia danesa haremos todo lo posible para ayudar a Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (…) Ucrania es clave para la seguridad de Europa. Nuestro apoyo a Ucrania también es una defensa de nuestra libertad. Debilitamos a Rusia mediante sanciones. Tenemos que aumentar la presión sobre Rusia”.Esta semana Putin le confesó al presidente Trump que no abandonaría sus objetivos militares en Ucrania. La posibilidad de una mesa de negociaciones en breve sigue siendo incierta.
Dinamarca, una nación con una vocación profundamente atlantista, podrá jugar también un papel clave tanto en el impulso entre los socios europeos de la OTAN de alcanzar el 5% de gasto del PIB en defensa -según lo acordado en la última Cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya- pero por otro lado mediar y apoyar la negociación de un acuerdo arancelario con EE.UU. que de no ser resuelto hasta el 9 de julio podría significar la imposición de aranceles de Washington al bloque del 50%, situación que podría llevar a la Comisión a tomar medidas arancelarias de represalia; esta situación pondría en riesgo la relación comercial transatlántica de 1,6 billones de euros. Para Dinamarca los mercados libres y abiertos son cruciales; casi el 70% de su PIB proviene de exportaciones de marcas mundialmente reconocidas como Lego y el cada vez más popular Ozempic.
La migración será otro punto medular, particularmente considerando el denominado por la prensa “modelo danés” que gracias a su cláusula de exclusión voluntaria de las normas migratorias de la UE -tras el Pacto Migratorio y de Asilo- le ha permitido tomar medidas más restrictivas en materia migratoria. En cuanto a la transición ecológica, el Pacto Verde europeo se enfrenta a la presión de capitales como Berlín o Roma que abogan por la derogación de ciertas normativas medioambientales, en aras de ganar competitividad, y lidiar con presiones sociales como los agricultores que se han opuesto abiertamente en países como Francia a la firma de acuerdos comerciales como por ejemplo con Mercosur. Sin embargo, Dinamarca cree en una transición verde que sea sostenible y competitiva en el escenario global, orientada a que la UE para alcanzar la neutralidad climática para 2050. Su amplia experiencia en energías renovables sobre todo en parques eólicos marinos, para sustituir los combustibles fósiles importados es muestra de ello.
Dinamarca ha afirmado que buscará que la UE fortalezca su influencia geopolítica buscando asociaciones globales mutuamente beneficiosas. Esto debería incluir acuerdos de política comercial, cooperación económica y la movilización de la financiación. Así mismo será clave que la UE siga abogando por un orden global basado en normas internacionales y el multilateralismo efectivo, en un momento de conflictividad e incertidumbre creciente.
Así mismo la presidencia lidiará con el inicio de las negociaciones para el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) que prevé la financiación de programas y acciones en todos los ámbitos de actuación, desde la agricultura y la política regional hasta la ayuda a Ucrania, las tecnologías estratégicas y la migración, en consonancia con las prioridades a largo plazo de la UE. La experiencia previa de anteriores presidencias danesas les ha legado una reputación en Bruselas de pragmatismo, eficiencia y cabeza fría, cualidades especialmente significativas en un momento donde las tensiones internas con capitales como Budapest siguen en ascenso.