Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un ex-presidente acude a un tribunal federal para enfrentar cargos penales. El ex-mandatario Donald Trump comparece este martes 13 de junio ante una corte de Miami, acusado de 37 cargos relacionados con el hallazgo de cientos de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Señalamientos que el ex-jefe de Estado rechaza y tilda de “cacería de brujas”, en momentos en que prepara su campaña para obtener la candidatura del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Como un karma político, el mismo asunto que impulsó la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos hace más de seis años, hoy pone en riesgo sus posibilidades de volver a la Casa Blanca.
Y es que durante su primera campaña al Ejecutivo, en 2016, el líder republicano lanzó duras críticas contra su entonces rival en las urnas, la demócrata Hillary Clinton, por conservar información sobre secretos de Estado en su correo electrónico personal. Un caso en el que Trump basó parte del lema de su campaña, mientras repetidamente llamaba a su contrincante “corrupta”.
Hoy es el exmandatario quien se ve envuelto en acusaciones de retención de documentos clasificados, justo cuando busca la candidatura de su partido para volver a ocupar el primer cargo de la nación.
Rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y decenas de seguidores que se congregan desde la víspera, el expresidente declara este 13 de junio ante un juez, en el Palacio de Justicia federal Wilkie D. Ferguson Jr., en el centro de Miami. Es la primera vez en los 247 años de historia del país que un exjefe de Estado afronta cargos penales federales.
Está previsto que Trump se declare inocente después de que le tomen huellas y escuche la lectura de los 37 cargos de los que está acusado. El caso se desprende del hallazgo de cajas con cientos de informes confidenciales y que contendrían secretos de Estado, en su casa de Mar-a-Lago, en agosto de 2022, más de un año después de que dejara la Presidencia. La imputación formal fue dada a conocer por las autoridades el pasado 9 de junio.
La comparecencia ante el tribunal se desarrolla en medio de la alerta de las autoridades por posibles protestas y disturbios de los simpatizantes del magnate convertido en político, especialmente después de que algunos de sus seguidores indicaran que planeaban llegar en caravanas de autobuses desde distintas partes de Florida.
Ante las preocupaciones que representa para las fuerzas de orden público, el alcalde de Miami, Francis Suárez, sostuvo que la ciudad estará lista después de tomar varias medidas. Entre ellas, el desvío del tráfico y el posible bloqueo de las calles, dependiendo del tamaño de la multitud en el centro de la urbe, que podría comprender entre unos pocos de miles de manifestantes hasta 50.000, según estimó el jefe de la Policía local, Manuel Morales.
Las autoridades se alistan luego de que el propio Trump alentara a sus partidarios a unirse a una movilización planificada en las inmediaciones del juzgado. Y ante los antecedentes del inédito asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, por una turba de simpatizantes del entonces presidente, ninguna preocupación está desestimada.
¿Cuál es el contenido de los archivos que tienen a Trump contra las cuerdas?
Según los fiscales, cerca de 13.000 registros fueron encontrados en su propiedad en Florida. Al menos 100 de ellos estaban marcados como clasificados, algunos de los cuales fueron etiquetados como «ultrasecretos», un nivel reservado para los mayores secretos de Estado. Todos fueron incautados cuando el FBI registró la mansión.
Los investigadores resaltan que Trump podría haber puesto en peligro la seguridad nacional si esos materiales caían en manos equivocadas, ya que habría expuesto a miembros del Ejército, fuentes humanas confidenciales y métodos de recopilación de inteligencia, remarcaron los fiscales.
Los archivos incluyen un mapa secreto, información sobre las capacidades armamentísticas de la primera potencia y sus aliados, así como un “plan de ataque” del Pentágono.
«Los documentos clasificados que Trump almacenó en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de Estados Unidos como de otros países; programas nucleares de Estados Unidos; vulnerabilidades potenciales ataques militares de Estados Unidos y de sus aliados; y planes de posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero», señala el texto de la acusación contra el exmandatario.
Los documentos fueron hallados en varias habitaciones de la vivienda, incluidos «un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y un depósito», indica la imputación.
Pero Trump había sido puesto sobre aviso. De hecho, en enero de 2022, el exgobernante acordó devolver 15 cajas de registros a la Administración Nacional de Archivos y Registros de EE. UU. y los funcionarios descubrieron en ellas más de 700 páginas de registros marcados como clasificados.
Para mayo de ese mismo año, el Departamento de Justicia emitió una citación pidiéndole que devolviera cualquier otro registro clasificado. Los abogados de Trump luego entregaron 38 páginas marcadas como clasificadas y aseguraron que todos los informes con marcas de documentación confidencial ya habían sido devueltas en su totalidad al Gobierno, una afirmación que posteriormente resultó no ser cierta.
¿En qué consisten los 37 cargos contra Trump?
Los 37 cargos penales incluyen violaciones de la Ley de Espionaje, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas a los investigadores.
Precisamente, las imputaciones más graves son 31 señalamientos presentados en virtud de la Ley de Espionaje, que tipifica como delito la posesión no autorizada de información de defensa nacional. Un acto que se castiga con hasta 10 años de prisión.
Si bien la ley de espionaje, de la era de la Primera Guerra Mundial, antecede a la de clasificación de documentos, convierte en delito retener deliberadamente información de seguridad del país, ya que podría ser útil para adversarios extranjeros. Por tanto, los tribunales han dictaminado que ese tipo de datos debe mantenerse bajo la vigilancia de las autoridades.
Las acusaciones de obstrucción a la Justicia están argumentadas en su presunta “intención de impedir, bloquear o influir» en la investigación.
Para probar esos señalamientos, los fiscales deberán demostrar que las acciones del líder político fueron intencionales y que su objetivo era obstaculizar la investigación, independientemente de si esos esfuerzos tuvieron éxito o no.
¿Un caso de motivaciones políticas?
Aunque esta es la segunda vez que Trump comparece a una lectura de cargos en su contra, después que lo hiciera el pasado abril por los pagos irregulares a la actriz Stormy Daniels, durante su campaña de 2016, la gravedad del caso por documentos clasificados sin duda eclipsa al anterior.
El caso estaría cargado de implicaciones políticas. Para el polémico exgobernante la idea de una “cacería de brujas” no es descabellada. Y es que el controvertido republicano es el favorito para obtener la nominación de la bancada azul, de cara a los comicios presidenciales de 2024.
Pero ante la seriedad y magnitud de las nuevas acusaciones, también podría tratarse de un caso ampliamente sustentado jurídicamente. Este plantea profundas consecuencias legales, dada la posibilidad de una sentencia que conlleve años de cárcel. Incluso, para un acusado cuya vida posterior a la Presidencia ha estado dominada por las pesquisas judiciales.
La indagación relacionada con secretos de Estado se ha destacado tanto por el volumen aparente de pruebas acumuladas por los fiscales, como por la gravedad de las imputaciones.
La denuncia “en muchos aspectos ensombrece a la primera, tanto en gravedad jurídica como en peligro político”, señaló Peter Baker, corresponsal del ‘New York Times’ en la Casa Blanca.
El caso también representa un momento decisivo para un Departamento de Justicia que hasta la semana pasada nunca antes había presentado cargos contra un expresidente.
“Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican para todos”, remarcó el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, designado específicamente para esta denuncia, en un intento de la Administración de Joe Biden por aislar a esa entidad gubernamental de los ataques políticos.