Se aproxima el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador quien ganaba la presidencia en el año 2018 reivindicando el “humanismo mexicano”, y rompiendo junto al partido Morena con el sistema de partidos tradicional. Su pragmatismo político y la moderación ideológica -pese a la preponderancia innegable de planteamientos de izquierdas en la propuesta de campaña y agenda de gobierno- permitieron que la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), integrada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) obtuviera la victoria aglutinando grupos sociales diversos apostando por la adhesión de librepensadores provenientes de sectores inicialmente más escépticos como las clase media conservadora.
Morena es el partido más joven de México. Pese a ello, se hizo con una victoria abrumadora en las elecciones generales en junio donde más de 98 millones de mexicanos fueron llamados a las urnas electorales y eligieron más de 20.000 cargos públicos, entre ellos la presidencia de la República, así como el Congreso de la Unión: 128 senadores y 500 diputados.
Con casi 60% de los votos Claudia Sheinbaum resultó electa como la primera presidenta de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, quien tomará posesión de su cargo el 1 de octubre de 2024 con una amplia mayoría en la Cámara baja -con dos tercios de los escaños- así como una mayoría absoluta en el Senado. Además de Ciudad de México, la coalición gobernante ocupa actualmente la gobernatura en 22 de los 31 estados del país.
La agenda de gobierno de Sheinbaum que apunta hacia “la cuarta transformación”, promete centrarse en el fin de la delincuencia y la violencia, la reducción de las desigualdades con un programa de aumento progresivo del sueldo mínimo y mayor capacidad de recaudación fiscal a las empresas con mayores rentas. Así como un plan de políticas públicas con enfoque de género para reducir las desigualdades de ingreso entre hombres y mujeres, y el impulso de iniciativas de «primer trabajo» y capacitación específica para el ingreso al mercado laboral de los más jóvenes con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Temas pendientes de la administración de AMLO como el acceso universal a la salud o el fortalecimiento de la transición energética serán de suma relevancia.
En este marco político, se aprobó esta semana con el voto decisivo de Miguel Ángel Yunes Márquez -quién rompió con los lineamientos del Partido de Acción Nacional (PAN)- y votó a favor de la controversial reforma judicial defendida por AMLO que hará, entre otras cosas, que todos los jueces se presentan a las elecciones. La mayoría de las 32 legislaturas estatales de México ahora deben aprobar la revisión, que es el escenario más probable.
Los jueces de la Corte Suprema en México generalmente son nominados por el presidente y deben ser aprobados en el Senado. Los jueces federales son seleccionados por una comisión judicial que utiliza exámenes profesionales y cursos para evaluar a los candidatos de forma meritocrática.
De adoptarse finalmente esta reforma, se requeriría que más de 6.500 jueces y magistrados, incluida la Corte Suprema luchen por sus puestos, o entreguen sus cargos al candidato más popular.
La reforma también reduce el número de jueces de la Corte Suprema de 11 a nueve, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, suprime un requisito de edad mínima de 35 años y reduce a la mitad la experiencia laboral necesaria a cinco años.
Desde el Palacio Nacional, el oficialismo defiende la reforma afirmando que acabaría con la corrupción y un sistema de privilegios; sin embargo, las protestas han irrumpido en diversas zonas del país, en especial en la capital.
Los críticos de las reformas afirman que estas medidas atentan contra el espíritu de separación de poderes e independencia judicial erosionando el Estado de Derecho y la democracia.
En efecto, cuando los redactores de la constitución actual, que se aprobó en 1917, discutieron el poder judicial creían que los jueces electos conducían a la corrupción y la influencia partidaria, por lo que razonaron que, a diferencia de las otras dos ramas del gobierno, el poder judicial debería estar por encima de la política y cualquier interés partidista.
El plan podría ser impugnado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque puede violar los tratados internacionales en los que México se compromete a tener un poder judicial independiente e imparcial. Pero el proceso sería extremadamente lento y probablemente recibiría un importante revés en las votaciones. Existe preocupación por la seguridad jurídica en el país también en sus socios comerciales más relevantes, a saber, Estados Unidos y Canadá.
Lo cierto es que la independencia del poder judicial es uno de los pilares fundacionales de cualquier sistema democrática, como antítesis del poder absolutista en el antiguo régimen, puesto que sienta las bases de un verdadero Estado de Derecho, que garantice la necesaria imparcialidad e igualdad ante la ley de los ciudadanos, así como la liberación e independencia de cualquier elemento ajeno al derecho. El desafío lo hereda hoy la futura presidenta Sheinbaum, quien estará al frente de su implementación, envuelta en grandes incertidumbres, en un sistema judicial tan complejo como el mexicano.